Por Ma. Isabel Carrascosa [1]
La región Centroamericana y del Caribe poco a poco han ido construyendo institucionalidad. Luego de un siglo veinte infestado de conflictividad social y debilidad institucional reflejada en dictaduras y guerras internas, la región recibió al siglo veintiuno con problemas de narcotráfico, inseguridad y una serie de escándalos de corrupción que parecieran haber convertido a sus ciudadanos inmunes a este tipo de situación. Los centroamericanos y caribeños hemos sobrevivido en circunstancias sociales adversas pero pareciera que estamos empezando a vivir un despertar ciudadano que tiene la capacidad de fortalecer nuestras instituciones y convertirnos en verdaderas Repúblicas. La actual situación político-social de Guatemala demuestra que el pueblo sí puede ser soberano. Desde el mes de abril de este año se descubrió una caso de corrupción en las aduanas del país que involucraba directamente a la en ese momento vicepresidente del país y al presidente. El caso fue llamado La Línea y fue investigado por el Ministerio Público (ente encargado de la investigación penal en el país) y por CICIG, que es un ente de investigación internacional creado mediante un acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala. A partir del descubrimiento de estos hechos, se conocieron otros casos de corrupción que indignaron aún más a la población, quien de forma espontánea inició una serie de manifestaciones en la plaza central de la Ciudad Capital y que luego se replicaron en los centros urbanos en todo el país. Las redes sociales como herramienta para la organización social fueron un elemento diferenciador de este movimiento que ha pasado de un #RenunciaYa, #JusticiaYa, #Quieromis105votos a un #EstoApenasEmpieza. La participación de distintos sectores del país también son considerados como un cambio positivo para una sociedad altamente desigual como la guatemalteca. Pero quizás la característica más importante de esto es que todas las manifestaciones han sido pacíficas. Los triunfos legítimos y sociales que han logrado las manifestaciones son los siguientes: Primero la renuncia de la Vicepresidenta de Guatemala, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva y ligada al proceso del Caso La Línea. Luego de la primera declaración de la ex-vicepresidente se hizo evidente la participación del presidente en el caso, la población exigía su renuncia pero el presidente se negaba a dejar el cargo y entregarse a la justicia. En Guatemala, la Presidencia tiene derecho al antejuicio que es una especie de impeachment, que le garantiza al cargo cierta estabilidad pues no se puede investigar ni acusar a quien esté en ese cargo sin antes llevar un proceso de investigación previo en el Congreso, y que ¾ del Congreso vote a favor de quitarle este tipo de inmunidad. La presión ciudadana ejercida fue de tal magnitud que el Congreso le removió el derecho de Antejuicio del Presidente de la República Otto Pérez Molina. Un proceso políticamente sumamente complicado porque el actual Presidente se ha aliado con el partido político LIDER quien lleva la delantera en las elecciones a celebrarse este domingo y quien además tiene mayoría en el Congreso de la República. El martes de esta semana marcó la historia de Guatemala para siempre. El día martes los entes encargados de la investigación solicitaron el arraigo del Presidente, y el día de hoy por la mañana el señor Pérez Molina renunció del cargo. Esto quiere decir que a días de las elecciones generales en Guatemala el pueblo pidió la renuncia de la vicepresidente y presidentes electos hace cuatro años. De aquí al 14 de enero del próximo año en Guatemala gobernarán el vicepresidente nombrado después de la renuncia de Roxana Baldetti, Alejandro Maldonado Aguirre, quien ahora va a tomar el puesto de presidente y a quien el Congreso en los días próximos elija como nuevo vicepresidente. El miedo de muchos era que estas manifestaciones y estos cambios fueran a debilitar la institucionalidad del país. Pero el resultado es todo lo contrario. El estado es hoy más fuerte que ayer. La ciudadanía está consciente de que las personas que ocupan los puestos pueden ser removidas por las vías legales y políticas legítimas, sin necesidad de golpes de estado ni violencia. El trofeo más significativo es que la población siente que tiene el poder de vuelta en sus manos. Que la idea republicana de igualdad ante ley se hizo efectiva y que el actual Presidente tiene sus días de libertad contados. Esto es una amenaza para los siguientes gobiernos, el pueblo ya no se quedará callado ante el robo y no permitirá gobernantes espurios. [1] María Isabel Carrascosa Coll. Abogada y Notaria en Guatemala, con maestría en Derecho Internacional y Derecho Comparado por la Universidad de George Washington, Estados Unidos. Profesora de Derecho Comparado y Derecho Parlamentario en la Universidad Francisco Marroquin, en Guatemala. Socia Fundadora de la firma SCConsultores, entidad especializada en cabildeo parlamentario, redacción y formulación de legislación y reglamentos. Becada de la Fundación Carolina en España y becada Fulbright en Estados Unidos.
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