Objetivos Principales de todo Sistema de Compras y Contrataciones Públicas

Aunque puede ser todo un reto y algunas veces imposible comprometerse con el cumplimiento de todos, es razonable intentar describir lo que podríamos denominar como las aspiraciones generales para un sistema ideal de compras y contrataciones públicas.

En tal sentido, se pueden identificar 9 metas frecuentes en los sistemas de compras públicas: 1) Competencia, 2) Integridad, 3) Transparencia, 4) Eficiencia, 5) Satisfacción del Consumidor, 6) Mejor Valor, 7) Distribución de Riquezas, 8) Evitación de Riesgos y 9) Uniformidad.[1] Estas “metas”, a la vez funcionan como principios rectores de todo sistema de compras públicas ideal, los cuales a su vez deben moldear la regulación en la materia.

Dentro de estos 9 objetivos, se distinguen 3 principios especiales, los cuales se pueden denominar como los principios “marco” en toda regulación de compras públicas.

Principios Marco

Estos son los tres pilares que se encuentran (o que deberían encontrarse) detrás de todo sistema de contratación pública:

1) Competencia: el poder del libre Mercado. Al maximizar el uso efectivo de la competencia, el gobierno recibe el mejor valor en términos de precio, calidad, y condiciones de contratación. Detrás de este principio se encuentra la idea de que la motivación de los contratistas de excelencia es mayor cuando compañías privadas, movidas por el interés de conseguir beneficios, compiten “codo-con-codo” en buscar obtener trabajo.

2) Integridad: todo sistema de compras públicas debe contener reglas claras de conducta para los empleados y funcionarios públicos que conducen los procesos de compras y contrataciones públicas, así cómo para los entes privados involucrados en contratos con el Estado. Sobornos, favoritismo, o cualquier comportamiento anti-ético no tienen lugar en un sistema de compras públicas exitoso. Las entidades gubernamentales deben evaluar a los contratistas solamente en base a sus méritos, las capacidades demostradas y la calidad y el precio de sus ofertas, no en base a influencias ulteriores.

3) Transparencia: procedimientos a través de los cuales oferentes y contratistas se aseguren que las transacciones públicas son conducidas de manera imparcial y abierta. En un sistema transparente, las partes involucradas conocen claramente tanto las reglas aplicables para contratar con el Estado como las informaciones sobre oportunidades específicas de licitaciones públicas. El principio de transparencia ayuda a asegurar el principio de integridad, el cual a su vez, promueve la competencia.

Existen significativos costos transaccionales, económicos y sociales asociados con maximizar la transparencia, la integridad y la competencia. No obstante, debido a la incidencia y relevancia de las compras públicas en la sociedad y en la administración gubernamental, estos costos son una excelente inversión a largo plazo para proteger el dinero público.  Cabe mencionar, que la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones públicas incluye los mencionados principios dentro del sistema dominicano de compras públicas.

Aspiraciones en competencia

Las demás 6 metas, se pueden definir como objetivos que compiten entre sí, y que a la vez funcionan como sus propios frenos y contrapesos, que serán aplicados dependiendo de cada proceso de contratación pública específica.

4) Eficiencia: el principio de eficiencia es generalmente asociado con tiempo, es decir, el sentido general del término se relaciona con que un proceso se realice en el lapso menor de tiempo posible. Sin embargo, un sistema de compras públicas es también eficiente cuando gasta la menos cantidad posible de recursos en el proceso de adquirir lo que necesita. Un sistema que emplea la cantidad menor posible de personas para conducir la adquisición de lo necesitado consume menos recursos.

5) Satisfacción del Consumidor: hace sentido para los compradores tratar de complacer a quienes utilizarán el producto. Desafortunadamente, complacer el usuario final, especialmente cuando este favorece suplidores específicos o exige que los productos sean provistos rápidamente, frecuentemente resulta en disminución de competencia y precios mayores, o simplemente decisiones de políticas públicas embarazosas.

6) Mejor valor: conseguir el mejor trato o la mejor oferta por el dinero público. Esto requiere investigación de mercado y negociación. Pero, obtener el mejor valor puede no siempre significar complacer al consumidor final, o conseguir alta calidad.

7) Distribución de riquezas: los gastos del gobierno pueden influenciar el comportamiento del mercado e influir en el crecimiento de comunidades y sectores económicos. Por tal razón, es considerado como buena práctica en un sistema de compras públicas utilizar la fuerza compradora del Estado para cumplir metas sociales y económicas, así como para promover políticas colaterales que se encuentren en la lista de prioridades públicas.

8) Evitación de riesgos: evitar riesgos indebidos es una responsabilidad fundamental de cualquier cuerpo gubernamental. No obstante, una obsesión inapropiada con evitar riesgos puede sofocar la creatividad, limitar la innovación y convertir una institución ineficaz. Uno de los mayores riesgos que corre el gobierno al momento de contratar es que el contratista no entregue a tiempo lo pactado, o con la calidad esperada.

9) Uniformidad: Un sistema uniforme de compras públicas sugiere que todas las entidades gubernamentales compren de la misma manera, siguiendo las mismas leyes, reglas y prácticas. Un sistema uniforme es eficiente ya que los vendedores/contratistas no necesitan aprender nuevas reglas para hacer negocios con diferentes agencias o departamentos estatales. En adición, resulta mucho más fácil entrenar a los empleados y funcionarios del gobierno que se encargarán de las compras públicas y permite a dichos “compradores” mayor flexibilidad para trabajar con varias y diferentes agencias de gobierno en su carrera administrativa. La uniformidad a su vez facilita que el sistema pueda ser más transparente.

Todo sistema de compras públicas que desee ser exitoso en la administración de los fondos públicos debe manejar los anteriores principios o metas en la conducción de los procesos de adquisición de bienes y servicios para el Estado. Con esto, no solamente se ahorra dinero, sino que se garantiza la obtención de calidad. Resulta alentador, que con la reciente modificación de nuestra regulación en la materia, la República Dominicana se encuentra en armonía con lo que expertos en el área han denominado como “buenas prácticas” en compras públicas, lo cual, al menos en teoría, nos posiciona en buen camino.



[1] Schooner, Steven L. “Desiderata: Objectives for a System of Government Contract Law”, 11 Public Procurement Law Review 103, 2002.