Caso OISOE: Reflejo de un problema sistémico en las compras públicas dominicanas 1/3

Mediante el Decreto No. 1261-86-484 de diciembre de 1986, emitido por Joaquín Balaguer, surge la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de  Obras del Estado, con el objetivo de coordinar y fiscalizar la construcción de obras realizadas por el gobierno dominicano bajo la instrucción inmediata de la Presidencia de la República, en el marco del proyecto de construcción del Faro a Colón y la celebración de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de América. Posteriormente, con el Decreto No.  590-87 del 25 de noviembre de 1987, el Presidente Joaquín Balaguer crea la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo, con la finalidad de supervisar la construcción de proyectos de infraestructura contratados por el Estado.  Finalmente, a través del Decreto No.  446-00 del 16 de agosto del año 2000, el Presidente Hipólito Mejía dispuso que todas las responsabilidades y bienes asignados a la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, quedaran a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo.[1]
 
Es así como nace y se consolida en sus funciones la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (En adelante “OISOE”). De una lectura de los Decretos que la crean, los cuales no pasan de dos o tres párrafos, se puede apreciar que se trata de una institución creada sin funciones determinadas, y sin una estructura u organización definida. Solo se establece que es una “oficina” que forma parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no se indica cuales son sus funciones, obligaciones, límites ni cuál es el rol que juega dentro del sistema de compras y contrataciones públicas. Hoy en día, es una institución que no solamente “supervisa”, sino que también conduce licitaciones, maneja un presupuesto significativo propio, y se encarga de la dirección de construcciones de escuelas y demás obras de la agenda social del Poder Ejecutivo. En la actualidad, la entidad, mediante decreto del presidente Danilo Medina, tiene a su cargo la construcción del 40% de las aulas y estancias infantiles. También está a cargo de la remodelación de la mayoría de los hospitales intervenidos por el Gobierno.
 
Recientemente, se ha destapado un escándalo fruto del presunto suicidio del arquitecto David Rodríguez el pasado 25 de septiembre de 2015, que ha puesto en tela de juicio y en el ojo publico el funcionar de la OISOE. Los supuestos motivos de su suicidio extraídos de una carta que dejó, radican en que funcionarios de la OISOE le prestaban el dinero que necesitaba para terminar la obra para la cual fue contratado, debido a que la propia OISOE no le había pagado los montos necesarios.
 
Además de la evidente corrupción que existe en dicho mecanismo ilegal de “financiamiento”, se deben estudiar los motivos que permitieron que dicho andamiaje ilícito tuviera lugar. Ya que en este tipo de cosas, no solamente se trata de inmoralidad, sino de un sistema cuya organización crea el caldo de cultivo para operaciones corruptas, cuyos platos rotos los terminan pagando los que pagan los impuestos.
 
1. El primer problema que salta a la vista es sencillo de identificar: la OISOE si se dedica a “supervisar” no puede ni debe ser una entidad que también realice licitaciones y adjudicaciones de obras públicas.

2.El segundo: no puede funcionar bien una institución sin reglamentación interna, sin legislación que la regule y que armonice su accionar con las leyes del área.

3. Tercero y lo que es más grave: en la República Dominicana las compras y contrataciones públicas se hacen sin cumplir la planificación establecida en el plan anual de compras públicas (la planificación de compras de la entidad) requerida por la regulación del sector. Como consecuencia, al momento de otorgar una obra o adjudicar una licitación, no se tiene el dinero para pagarle a los contratistas. Aun cuando se supone que las entidades públicas deben preparar certificaciones de existencia de fondos (documento que valida que la entidad tiene fondos para pagar) al momento de realizar su planificación anual de compras públicas. El desenlace principal es que se generan escenarios que los oportunistas aprovechan para beneficiarse, y que llevan a la quiebra a los empresarios que no acepten someterse a la extorsión, y que no puedan soportar el peso económico de construir o suplir bienes con sus propios recursos.

4. El cuarto problema es una falla estructural, y se debe al hecho de que en la República Dominicana no existe un órgano regulador con las facultades legales y la independencia necesaria para supervisar como es debido el sector de las compras y contrataciones del Estado. 

Sobre todos estos problemas, y otros más, estaremos hablando en nuestros próximos artículos sobre el tema. 


[1] Fuente: www.oisoe.gob.do